BARAHONA,
RD. –
Diversas organizaciones sociales y comunitarias de la Región Enriquillo han
alzado su voz en un llamado urgente al Poder Ejecutivo y a las autoridades
ambientales para intervenir ante las operaciones de una planta de agregados
ubicada en la zona de El Cobo, cuya legalidad y permisos han sido puestos en
duda por los residentes de El Cachón y La Guázara.
Denuncian vencimiento de licencias ambientales
El M.A.
Domingo Feliz, reconocido dirigente comunitario y presidente de las
Asociaciones Incorporadas (A.I.) de la región, informó que la grancera situada
detrás del sector de la Virgen en Barahona —jurisdicción de El Cachón— estaría
operando fuera del marco legal. Según Feliz, las licencias ambientales de dicha
empresa se encuentran vencidas, razón por la cual la Dirección General de Medio
Ambiente habría emitido previamente una orden de cese de operaciones y
prohibición de comercialización.
"Cualquier
actividad en esta zona violenta la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. No podemos permitir que se sigan explotando nuestros recursos
cuando existe un impedimento legal de no comercialización", puntualizó el
vocero de la Coalición por el Rescate de la Laguna El Rincón.
Exigencia a Medio Ambiente y la DGII
La
coalición de organizaciones, que incluye al grupo Raíces Cabraleñas, solicitó
formalmente al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, que interceda ante el
Ministro de Medio Ambiente, Paíno Abreu, y el director regional en
Barahona, David López. El objetivo es que se transparente el estatus de la
empresa y se explique bajo qué condiciones continúa en el área.
Asimismo,
el llamado se extiende a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
para que se verifiquen las transacciones de compra y venta de la propiedad,
valoradas supuestamente en montos millonarios, a fin de garantizar que el
origen de los recursos y el pago de impuestos cumplan con la normativa vigente
en la República Dominicana.
Alerta por impacto en el Bahoruco Oriental
El
conflicto también involucra a la junta municipal de El Cachón. Se alega que se
han emitido certificaciones de uso de suelo en posible violación a la Ley
176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, sin agotar los procesos de
transparencia que la ley exige.
Las
comunidades advirtieron que la explotación de las lomas en La Guázara y El
Cachón, situadas en el Bahoruco Oriental, pone en riesgo directo las
fuentes acuíferas de la zona.
"Estas
lomas son productoras de agua y reguladoras de nuestro clima. Si se permite su
destrucción, las organizaciones sociales nos lanzaremos a las calles en masas
para defender el patrimonio natural de Barahona", sentenció Feliz.
Llamado a la Procuraduría
Finalmente,
los comunitarios sugirieron al presidente Luis Abinader y a los
organismos de inteligencia y persecución del delito, como la Procuraduría
General de la República bajo la gestión de Yenny Berenice Reynoso,
realizar un levantamiento exhaustivo sobre la estructura societaria de las
empresas que operan en la zona, incluyendo Cementos Algol y Agregados de Block
González, para asegurar que el desarrollo empresarial de la región esté
alineado con la ética y la legalidad.
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