BARAHONA, RD. – La Región Enriquillo se encuentra en estado de alerta máxima. Diversas organizaciones sociales y comunitarias han alzado su voz ante lo que califican como un "atentado ecológico" que está provocando la sequía y contaminación del Río Los Almendros, ubicado en la comunidad de El Cachón.
Según las denuncias recibidas en nuestra redacción, las aguas del caudal, que antes servían de sustento y recreación, hoy llegan cargadas de lodo y sedimentos. Esta situación es atribuida a la extracción indiscriminada de agregados en las lomas de La Guázara y El Cachón, zonas pertenecientes al Bahoruco Oriental.
Un llamado urgente al Palacio Nacional
El M.A. Domingo Féliz, reconocido dirigente comunitario y vocero de la Coalición por el Rescate de la Laguna Cabral, ha encabezado el reclamo dirigido directamente al Presidente Luis Abinader. Féliz instó al Ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a la procuradora Yeni Berenice Reynoso, a intervenir de inmediato para frenar las operaciones en la zona.
"Estamos ante una explotación que carece de estudios de impacto ambiental de la Academia de Ciencias de la UASD o de Minería. Se está trabajando de espaldas a la comunidad, sin asambleas ni permisos municipales", afirmó Féliz.
Cuestionamientos y demandas de transparencia
Las organizaciones sociales, entre ellas la agrupación Raíces Cabraleñas y asociaciones incorporadas de la Región Enriquillo, señalaron directamente al empresario Maiker González y sus granceras por las operaciones que afectan el ecosistema local.
Los dirigentes comunitarios han solicitado a la DGII de Barahona transparencia total sobre las transacciones comerciales recientes en el sector de agregados. Específicamente, exigen que se publiquen los montos de impuestos pagados tras la adquisición de la grancera anteriormente propiedad de Bolívar Ventura, ubicada en la zona de El Cobo.
Amenaza de protestas
Debido a la falta de respuestas de las autoridades locales, las fuerzas vivas de la región han anunciado un calendario de movilizaciones y protestas. Denuncian que las operaciones han excedido los límites permitidos, invadiendo terrenos del Estado y extendiéndose hacia la parte trasera de El Cachón, agravando la crisis hídrica.
La comunidad exige una fiscalización técnica inmediata para determinar el daño causado al ecosistema del Bahoruco Oriental y garantizar que el derecho constitucional a un medio ambiente sano sea respetado.
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