Barahona,
R.D. – Líderes y
residentes de los distritos municipales de La Guázara y El Cachón han alzado su
voz en protesta contra la explotación indiscriminada de la empresa de agregados
DIPRECALT, propiedad del empresario Maiker González. Las comunidades denuncian
que las operaciones mineras están causando un daño ambiental grave e irreversible,
poniendo en riesgo el suministro de agua, la agricultura y la vida silvestre en
la región.
Dirigentes
comunitarios, entre ellos Domingo Feliz, Yeiris Pérez y Ranses Medina,
advirtieron que, si la explotación no se detiene, iniciarán una serie de
movilizaciones pacíficas y protestas populares para impedir que continúen estos
trabajos que califican de "abusivos y genocidas".
Llamado urgente a las autoridades
Los
comunitarios han hecho un llamado directo y enfático al presidente de la
República, Luis Rodolfo Abinader Corona, al ministro de Medio Ambiente, al
Ministerio de Energía y Minas, y a la Procuraduría General de la República para
que intervengan de inmediato. Solicitan una investigación a fondo sobre las
operaciones de DIPRECALT y su impacto en la cuenca del río Enriquillo, una
fuente vital de agua para miles de familias.
La
explotación masiva en las lomas del Bahoruco Oriental está afectando áreas
cruciales para la producción de agua y la biodiversidad. Según los
denunciantes, la actividad minera ya ha provocado la desaparición de flora y
fauna, además de la sequía de varios ríos y la reducción del caudal en
importantes afluentes como el río Los Almendros, el río Angostura y la represa
de La Peñuela. La comunidad teme que, de continuar esta situación, se perderán
más de 33 fuentes hídricas en la zona, condenando a la región a la escasez de
agua y a la pobreza extrema.
Cuestionamiento a la Dirección de Medio Ambiente local
y antecedentes de conflictos
Los
residentes también han cuestionado la inacción del director provincial de Medio
Ambiente en Barahona, David López, a quien acusan de ser permisivo con las
operaciones de la empresa. Han solicitado su destitución inmediata por no haber
emitido ninguna alerta ni tomado medidas para detener el deterioro ambiental.
Además, los
denunciantes exigen que se investigue la forma en que la empresa DIPRECALT
obtuvo la concesión minera, ya que, según informaciones, esta fue adquirida por
un monto de más de 500 millones de pesos a la familia del ingeniero Bólivar
Antonio Ventura Rodríguez, uno de los testigos principales en el caso judicial
conocido como Calamar. Las comunidades piden que se verifique si la transacción
fue reportada a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y si la
concesión abarca terrenos que son patrimonio del Estado dominicano.
Plan de lucha y respaldo unificado
Organizaciones
comunitarias y religiosas, junto a movimientos ecologistas y la Coalición por
el Rescate de la Laguna, han manifestado su total respaldo a las comunidades
afectadas. Anunciaron la creación de un plan de lucha unificado para exigir el
cierre definitivo de las operaciones de DIPRECALT. Los afectados recuerdan que
el empresario Maiker González tiene un historial de intentos fallidos de
explotación minera en otras zonas del país, los cuales han sido impedidos por
la presión social y comunitaria.
Las
comunidades de La Guázara y El Cachón han dejado claro que no permitirán que la
región de Barahona se convierta en otro ejemplo de destrucción ambiental. Su
lucha, afirman, busca proteger los recursos naturales que son esenciales para
el sustento y el futuro de la región Enriquillo.
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