Barahona, República Dominicana – Varias comunidades de la provincia de Barahona, incluyendo Cachón, La Guázara y Santa Elena, han emitido una alerta pública en contra de la instalación y operación de gravilleras, denunciando graves impactos ambientales y presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

La preocupación se centra en el empresario Maiker González, a quien se le acusa de utilizar a testaferros, como el síndico de Cachón, Neris Medinas, y el aspirante a síndico de Cabral, Brayan Feliz. Además, se menciona a Camel Feliz Gómez, señalado como falsificador de permisos ambientales. Se alega que estos individuos operan negocios y poseen propiedades a nombre de González, quien es el verdadero dueño.

Según los comunitarios, la instalación de una gravillera en Cachón y la expansión de otra en La Guázara, recientemente adquirida por González, destruirá el ecosistema local. El temor es que la extracción masiva de material de los ríos cause su desecación, afectando la agricultura y el suministro de agua para miles de personas. Las marchas y protestas de la comunidad han sido constantes, con los residentes declarando que están dispuestos a defender su territorio.

Las denuncias también señalan al director de Medio Ambiente de Barahona, David López, quien presuntamente habría recibido sobornos millonarios para otorgar permisos ilegales. Más allá del daño ambiental, las comunidades temen que las gravilleras sean una fachada para actividades criminales. Informes anónimos sugieren que Maiker González es un testaferro de cárteles internacionales, como el Cartel de los Soles y el Cártel de Sinaloa.

La denuncia incluye la construcción de carreteras secretas en las montañas de La Guázara y Cachón, que se utilizan para transportar grandes cantidades de droga. Se ha informado que la droga es escondida en camiones de áridos de la gravillera DIPRECALT, propiedad de González, para ser distribuida a nivel nacional y para exportación.

Los líderes comunitarios han hecho un llamado a las autoridades, incluyendo a la DEA, para que investiguen estas operaciones, las cuales representan una amenaza tanto para la seguridad ambiental como para la soberanía del país.